La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresa su preocupación y rechazo frente a la ordenanza 1.542/25 aprobada por el Concejo Deliberante de Tanti, Córdoba, que pretende regular y restringir la difusión periodística de sesiones públicas.
El periodismo no debe estar sujeto a condiciones impuestas por el poder político sobre cómo informar actos institucionales que son, por definición, de interés colectivo.
La libertad de prensa es un derecho constitucional, no una potestad de los gobiernos locales para administrar la visibilidad de sus decisiones. Prohibir la difusión de fragmentos, resúmenes o recortes de debates públicos equivale a condicionar la labor periodística y limitar el acceso ciudadano a la información.
Resulta especialmente grave que esta norma se utilice para intimidar judicialmente a Cristina Coudray, una periodista comunitaria de 79 años, cuya única tarea ha sido documentar y compartir discusiones oficiales que pertenecen a toda la sociedad. En democracia, el problema nunca es el periodismo que observa: el problema es el poder que busca no ser observado.
ADEPA exhorta al Concejo Deliberante de Tanti a revisar esta decisión, cesar cualquier acción intimidatoria y reafirmar su compromiso con los principios básicos de transparencia, pluralismo informativo y libertad de expresión, pilares esenciales de toda sociedad democrática.
