Informe de la Reunión de Medio Año 2018
Medellín, Colombia / 13-15 de abril
Dentro de las agresiones a periodistas registradas en el último semestre, sobresale el ataque del producido el 18 de diciembre, por parte de manifestantes contra fuerzas policiales frente al Congreso de la Nación, en el que trabajadores de los medios TN, C5N, Canal 9, Página/12 y Crónica TV resultaron heridos. Por otra parte, periodistas de Radio 10, Big Bang News, Telefé, Anfibia, Ámbito Financiero y Página/12 fueron impactados con balas de goma disparadas por policías en medio de los incidentes. El caso de Julio Bazán, periodista de Canal 13 salvajemente atacado por manifestantes según registraron cámaras de televisión, fue comentado por el actual presidente de la Comisión de Libertad de expresión de la Cámara de Diputados, y diputado del frente para la Victoria, Leopoldo Moreau, quien declaró que el profesional fue también «víctima del grupo donde trabaja».
El caso del periodista Gabriel Hernández, condenado en primera y segunda instancia a pagar una «indemnización por daño moral» de dos millones de pesos a favor del gobernador de la provincia de Formosa por comentarios efectuados por un oyente anónimo en su programa radial, fue expuesto a fines de octubre por diputados del oficialismo ante el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como ejemplo de persecución contra periodistas en esa provincia.
El debate público está contaminado por múltiples maniobras de desinformación y acciones difamatorias, usualmente anónimas, vehiculizadas por plataformas digitales. La injuria se generaliza y afecta particularmente a periodistas y a medios de comunicación. También los medios tradicionales contribuyen a la toxicidad de un ecosistema que estimula la polarización, el enfrentamiento entre los ciudadanos y el avasallamiento de su intimidad o su honor. Un ejemplo resonante se dio en el marco del escrutinio público de una causa judicial relativa a una red de pedofilia vinculada a clubes de fútbol en la que se incriminó, de manera aviesa y desde un programa televisivo de alto rating, a reconocidos periodistas, con el probable propósito de intimidarlos.
La operatividad de la ley de acceso a la información pública, sancionada en 2016 y reglamentada hace un año, se consolidó en octubre pasado con la puesta en funcionamiento del organismo de aplicación de la norma y la designación, a través de un mecanismo abierto y transparente, de su director. Ese organismo -la Agencia de Acceso a la Información Pública- debe encargarse de las cuestiones relativas a los datos personales de los ciudadanos. Entre sus áreas de actuación también se encuentra la supresión de ciertas referencias de las bases de datos oficiales consignada, en su página web, como «derecho al olvido». Si bien se refiere a la facultad de todo ciudadano de exigir la eliminación de su nombre de toda base de datos pública sobre servicios de información crediticia cuando hayan pasado más de cinco años desde la mora, no es lo más adecuado para un organismo encargado de impulsar el acceso a la información pública.
Los medios públicos, históricamente empleados como órganos propagandísticos por los gobiernos de turno e instrumentos de deslegitimación del periodismo crítico, han recuperado estándares de profesionalización y pluralismo.
La publicidad oficial se redujo durante la actual gestión en casi un 50% respecto del nivel alcanzado en el último año de la anterior administración y el Gobierno anunció un ajuste más intenso para el presente año. La forma en que se distribuyó esa pauta fue una de las grandes distorsiones que dejó el kirchnerismo. Pero su abrupto recorte, en una industria socavada por años por políticas persecutorias, una presión fiscal asfixiante y nuevas competencias, amenaza la viabilidad de los medios. Los medios gráficos sufrieron un recorte mucho más significativo comparado al resto, siendo los generadores de la mayoría de los contenidos. También resulta controvertida la inversión publicitaria gubernamental en plataformas que dan contenidos falsos que distorsionan el ecosistema digital. La sanción de una ley que regule la asignación de pauta oficial es una asignatura pendiente.
El Gobierno, a través de una carta pública de la Jefatura de gabinete de febrero, reconoció la necesidad de encontrar alternativas para garantizar la sustentabilidad de las empresas periodísticas. En el último semestre el cierre de medios y agencias como Buenos Aires Herald, El Gráfico, La Razón y DYN, junto a medios del interior, se sumaron a una extensa lista de empresas periodísticas que en los últimos años no pudieron continuar operando o entraron en graves crisis como las pertenecientes al Grupo Indalo o las radios Rivadavia y El Mundo. En algunos casos, la causa principal de estas situaciones fue un accionar negligente de sus conductores combinado con la recepción de exorbitantes niveles de pauta oficial durante el gobierno pasado. En otros casos se combinan un contexto adverso para la actividad empresaria desde el punto de vista tributario y laboral, la caída de la pauta oficial, la transformación de los hábitos de consumo informativo de las audiencias y una competencia asimétrica en el mercado publicitario con las redes y plataformas.
Desde 2014 rige una ley que modificó las alícuotas del impuesto al valor agregado para pequeñas y medianas empresas periodísticas que se encontraran debajo de un tope de facturación. Ese tope fue modificado a fines de 2015 pero, desde entonces y con una inflación acumulada superior al 70%, esa cifra no se actualizó, dejando fuera a varios medios cuya ecuación económica ha sido dañada de manera significativa. A principios de abril la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y la Asociación de Diarios del Interior (Adira) formularon propuestas reducir este impuesto y los aportes patronales para medios chicos.
Adepa reunió a directivos de grupos periodísticos para analizar medidas conjuntas respecto a las empresas tecnológicas, cuya actuación afecta la sustentabilidad de la industria periodística, la calidad del debate público y la dinámica institucional.
