El actual proceso preelectoral se da en un contexto marcado por la polarización en el debate público y por una crisis económica y social derivada de inconsistencias históricas agravadas por la pandemia.
En materia de libertad de expresión, uno de los episodios más resonantes se registró a principios de octubre, cuando el ministro de seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, publicó en Twitter un mensaje intimidante dirigido al dibujante Nik por su crítica a las políticas proselitistas del oficialismo. El ministro mencionó el colegio de las hijas del dibujante, lo que fue considerado una amenaza velada de parte de quien debe preservar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos.
En este período, varias acciones judiciales afectaron la libertad de prensa. Pese a que un fallo de Cámara revocó el procesamiento del periodista Daniel Santoro –el ejemplo más emblemático de acoso judicial de los últimos años– en junio un juez federal de Buenos Aires volvió a procesar al periodista, aunque la Cámara Federal luego ordenó revisar ese pronunciamiento y este fue anulado. No obstante, un nuevo juez subrogante de Dolores, localidad de la provincia de Buenos Aires donde Santoro había sido imputado originalmente, volvió a procesar al periodista sin ningún elemento novedoso ni prueba alguna de su complicidad con la fuente que él utilizó. La decisión judicial, que intenta volver sobre lo ya decidido por la Cámara, está reñida con la Constitución y con el sistema interamericano en lo que se refiere a la protección del periodismo de investigación.
Un antecedente positivo en materia de secreto profesional fue la resolución tomada también en junio por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal de la ciudad de Buenos Aires, al rechazar los recursos de dos empresarios que solicitaban que la justicia ordenara determinar el origen de las fuentes que el periodista Diego Cabot había consultado para la investigación periodística que dio origen a la denominada «causa de los cuadernos».
Otro caso de preocupación sobre secreto de las fuentes fue la inclusión del teléfono del periodista Rodis Recalt en un listado de líneas investigadas por la Justicia Federal por un caso de hackeo a la Policía. La Fiscalía determinó que no hubo escucha alguna, pero el solo hecho fue considerado inhibitorio para la labor periodística.
A fines de agosto, en la provincia de Formosa, dos periodistas fueron acusados por las autoridades locales por delitos de intimidación pública e incitación a la violencia. La denuncia cuestionó simples opiniones emitidas en un programa radial y usó figuras penales contrarias a la ley.
La situación judicial del periodista Diego Masci, en San Luis, condenado en 2020 por difundir el video de una funcionaria pública, se agravó con el rechazo de un recurso de casación interpuesto por el periodista. El caso demuestra cómo se usa el derecho penal para sancionar la difusión ligada al interés público.
La presentación de un proyecto de reforma de la ley que regula al ministerio público fiscal generó advertencias por parte de distintas asociaciones. La posibilidad de que la capacidad para designar y remover fiscales se resuelva por mayorías simples, susceptibles de ser dominadas por mayorías políticas circunstanciales, instala el peligro de una pérdida de los niveles de autonomía actual y el de un mayor grado de persecución penal para periodistas.
En octubre, cronistas y camarógrafos de distintos medios fueron agredidos con piedras por familiares de dos policías condenados, durante la cobertura de un juicio en la provincia de Tucumán.
Fueron lamentables las declaraciones del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, en un acto en septiembre en el que se encontraba presente el presidente de la Nación. «Algún día el pueblo se va a levantar contra los medios», dijo Ishii. También el diputado nacional Máximo Kirchner responsabilizó a los medios por un atentado con un arma de fuego contra un legislador provincial. «Ese odio de los medios de comunicación que estigmatizan a determinados sectores políticos es el caldo de cultivo para este tipo de actitudes», dijo Kirchner, en referencia al ataque sufrido por el legislador.
En mayo, el entonces jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires Carlos Bianco dijo, refiriéndose a la pandemia de Covid-19, que «la oposición y los medios influyeron en la cantidad de muertes».
Por otra parte, la vicepresidente Cristina Kirchner sostuvo el 18 de octubre en un acto público, que «los argentinos y las argentinas se merecerían mejores medios de comunicación que no los amarguen tanto.»
La distribución de publicidad oficial nacional, según cifras que se hicieron públicas en septiembre referidas a la pauta distribuida durante el gobierno de Alberto Fernández, muestra desbalances, asimetrías y significativos márgenes de discrecionalidad. El volumen de la publicidad oficial mermó comparado con un lustro atrás, lo que resulta paradójico debido a la crisis de la industria, la pandemia del Covid-19 y la concentración publicitaria digital en las grandes plataformas tecnológicas globales. A esto hay que sumar la caída abrupta de los ingresos provenientes de la venta de ejemplares para los medios impresos y la merma de publicidad privada.
